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EI estado que guarda el sistema federal mexicano en general, y el régimen municipal en particular, no es satisfactorio. La centralización política comenzó en nuestro país al menos desde el último tercio del siglo XIX; se acrecentó después de la Revolución Mexicana de 1910 y a lo largo de todo el siglo XX se consolidó de manera creciente. La Constitución de 1917 fue, durante dicho siglo, constantemente reformada en el artículo relativo a las competencias de la Federación (artículo 73, el más reformado), mismas que fueron creciendo al grado de incluir no sólo un gran número de materias, sino también las de mayor peso e impacto en la vida nacional. No fue sino hasta la década de 1970 en que se comenzó a tomar algunas medidas descentralizadoras, pero siempre bajo la tutela y la batuta de la Federación; es decir, la descentralización que ha ocurrido, por ejemplo, en materia de salud y educación, ha ocurrido en la forma, en las materias y dentro de los tiempos marcados por la Federación. En cuanto a la cuestión fiscal, la centralización es tan fuerte como nunca. La Federación concentra más del 80% de los recursos fiscales totales. Ahora bien, es cierto que las transferencias de la Federación a los estados y municipios se han incrementado paulatinamente desde finales de la década de 1980, pero una gran parte de dichas transferencias (más de 50%, que son los llamados fondos de aportaciones) son recursos condicionados que ni estados ni municipios pueden ejercer conforme a sus propios criterios y necesidades. En suma, México es un Estado formalmente federal, pero en realidad muy centralizado, en el que las entidades federativas tienen poco margen de maniobra. Pauta que se reproduce a nivel de las propias entidades federativas en relación con sus municipios (si bien, en general, los municipios grandes y urbanos han incrementado últimamente su peso relativo y poder de negociación dentro de los estados respectivos). En nuestro país más del 90% de los municipios tienen un sobreendeudamiento, lo que los hace trabajar en condiciones sumamente adversas para poder dar cumplimiento a los servicios que deben prestar a la población, según el artículo115 constitucional, y lo mismo le está pasando a los estados y al Distrito Federal.
